Quienes Somos

Agrupación Extremeña de Alcorcón, es un colectivo cultural, filantrópico, democrático y sin ánimo de lucro que, basado en la libertad y la justicia, esta abierto a cuantas personas acepten los principios inspiradores de ésta.

Basados en estos principios, sus fines son:

Agrupar a extremeños y simpatizantes residentes en Alcorcón y en la Comunidad Autónoma de Madrid, que sientan, velen, protejan y defiendan todo lo que se relacione con la cultura, la ecología, la educación, el deporte, la sanidad, el voluntariado, y aquellos otros que tiendan a promover el interés general y social, siendo vehículo de solidaridad con los grupos más desprotegidos de la sociedad.
Historia

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Los yunteros extremeños y su lucha por la tierra

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LOS YUNTEROS EXTREMEÑOS Y SU LUCHA POR LA TIERRA  

Los yunteros eran labradores que poseían como instrumentos de producción una yunta (generalmente de mulas), y aunque algunos de ellos tenían una pequeña porción de tierra, la gran mayoría  carecían de ella, actuando como arrendatarios o aparceros. Su trabajo era esencial en el sistema productivo extremeño; ya que a través de las hojas de labor, labraban los pastos de las fincas en el modelo de explotación mixto ganadería-agricultura característico de nuestra Región.

Aunque su lucha por la tierra venia de muy lejos, esta se hizo más patente a  principio del siglo XX, pero fue durante la II Republica cuando la misma tendría un importante protagonismo en la política nacional, y principalmente en la vida social y política de  Extremadura.

Su declive en la escala social agraria comenzó con la Reforma Agraria Liberal que conllevo la desamortización de los propios y comunes de los municipios, ya que era en estos donde generalmente sembraban y daban de comer a sus ganados. No hay que olvidar que solo en la provincia de Cáceres se desamortizaron  394.895 has. de dominio totales, y 169.618 has. de parciales; siendo Brozas uno de los pueblos de la provincia más afectado por la misma; ya que se vieron enajenadas 4.002 has de totales y 10.433 has de parciales.

En 1.855 el Diputado por Extremadura, Sr. Bueno ya adelantaba en su intervención en la Cortes lo que luego sucedió: “....los capitalistas, a cuyas manos iran a parar, se aprovecharan del trabajo de esos infelices campesinos, se alzaran inmensas fortunas a expensa de los pueblos; nacerá una clase de ilotas y mendigos y se habrá dado vida a otro feudalismo como el medieval, que será la explotación del hombre por el hombre”.

Cincuenta años después, haciendo balance de lo que había supuesto la desamortización de los propios y comunes, el ingeniero catalán Bayer y Bosch decía: “.... las provincias de Cáceres y Badajoz en el antiguo Reino de Extremadura son las comarcas donde existieron las grandes dehesas comunales cuya enajenación dio lugar a escandalosos atropellos que dejaron muy mal parada la moralidad de nuestro país, habiendo servido únicamente para enriquecerse unos cuantos de caciques, que se marcharon a las capitales de provincias o a la Corte, para gastar tranquilamente sus rentas, quedando una gran masa de población en la mayor miseria”.

 

Y es que la desamortización, que tenia que haber servido para dotar a los pequeños labradores de tierra, sirvió para lo

 

contrario, ya que la mayoría de las fincas fueron compradas por la nobleza o por la burguesía nacional o provincial, comenzando así el binomio terrateniente-absentista que tanto daño ha hecho al desarrollo económico-social de Extremadura. En la provincia de Cáceres a principios del siglo XX de los 44.134 propietarios, 729 es decir el 1,66% poseían más del 57% del total de la provincia, y  en Brozas en esas fechas los grandes propietarios eran:  Herederos de la Condesa de Cinchón que tenian 4.225 has., El Márquez de Monroy con 3.108 has., Herederos del Márquez de Castrofuerte con 1.932 has., El Conde de Torres del Freno con 1.214 has., los hermanos Torres Adalid con 2.042 has., la Familia Rodríguez Arias con 2.002 has., Familia Higüero con 856 has., y los López-Montenegro con 698.

Ni que decir tiene que los mismos no habían comprados las fincas para su explotación, sino para agrandar su patrimonio o para especular, a ellos lo único que les interesaba era la tierra como objeto de rentas. Por ejemplo los hermanos Torres Adalid eran banqueros de la Coruña o la familia Arias Rodríguez, aunque oriunda de Ceclavin habían hecho un gran capital con fabricas de paño en Bejar. La mayoría tenían  al frente de sus posesiones a un Administrador que era quien se encargaba de arrendar las fincas, generalmente los pastos a los trashumantes y las hojas de labor a los agricultores  hacendados de los pueblos o directamente a los yunteros, aunque las mayorías de las veces eran los agricultores los que subarrendaba la tierra a los yunteros.

A la situación estructural de la propiedad de la tierra, hay que añadir la climatología y las invasiones de la langotas, los años 1904, 1905 y 1912 fueron críticos en Extremadura debido a la sequía, afectando duramente a los pequeños propietarios y a los yunteros. Los grandes propietarios aunque vieron reducido su nivel de rentas, sus medios económicos le ayudaban a salir sin problema de estas situaciones e incluso algunos acrecentaban su poder económico al aprovecharse como prestamistas de las dificultades de los modestos, muchos de estos que habían caído en mano de los usureros, al no poder hacer frente a las deudas perdieron su pequeño patrimonio, pasando a convertirse en jornaleros, aumentando el número de esa capa social, lo que conllevo un agravamiento de su ya critica situación, pues supuso para todos ellos un numero menor días de trabajo  durante del año y salarios más bajos.

         En diciembre de 1905 J. González de Castro escribía en la Revista Alcántara: “ El año que va a finalizar ha sido horroroso en Extremadura. La falta de cosechas, la baja de ganados, la carestía de los artículos de primera necesidad (a 20 ptas esta actualmente el aceite y en ese proporción todos los demás artículos), unido a otros hechos de menor importancia han asumido al proletariado agrario en situación, por demás precaria”.

Sin embargo a pesar de esta situación, Extremadura no recibiría ayuda del Gobierno, según Castro porque: “Extremadura no se hacia oír, sufría en silencio el hambre con resignación musulmana, sin protestas ni griterío, ya que los extremeños nunca daban quebradero de cabeza a los gobiernos, pues son mansos y pacíficos, y como nadie se queja, la inexpresión del dolor enmascara el mal”.

Tal era la situación del campesinado, que la Iglesia Extremeña  siguiendo las directrices del Papa León XIII y tomando como base la Ley de Sindicatos Agrícolas de 1906 se lanza a intervenir en la cuestión social agraria, creando   los Sindicatos  Católicos Agrícolas, los cuáles a través de la cooperación y el mutualismo perseguían conseguir arrendamientos colectivos  para sus afiliados,  autoayuda entre ellos, y  prestamos mancomunados al objeto de sacar a los campesinos de las garras de los usureros. A pesar de los esfuerzos realizados y del éxito de algunas experiencias aislada (el Sindicato Católico de Crédito Agrícola de Brozas funciono bastante bien), el resultado final no fue satisfactorio, pues la propia Iglesia se encontró con la oposición de la oligarquía agraria extremeña detentadora del poder económico-social, que fieles a su tradicional egoísmo no apoyaron dichos sindicatos.

Sobre el sindicato de Brozas, doce años después León Leal escribiría: Gracias a las gestiones del sacerdote D. Carlos Barriga, comenzó con 20 socios alcanzando pronto un gran desarrollo. Este sindicato fomenta el ahorro entre sus socios, y les hace prestamos a un módico interés, hace compras colectivas de abono, y lleva celebrados tres arrendamientos colectivos, y acaba de realizar un seguro colectivo contra el robo, extravió y muerte de caballería, también leva realizado 800 prestamos individuales por más de 89.000 ptas, sin que hasta la fecha se haya quedado ninguno por cobrar.

         Por su parte la UGT también comienza a tomar la situación agraria como suya, en 1910 su líder Pablo Iglesias visita Extremadura al objeto de potenciar el sindicato agrario socialista, la Federación de Trabajadores de la Tierra (FTT), ya que hasta ese momento solo había en la provincia una sociedad obrera del campo de clara orientación ugestita, pero con una gran experiencia, era “El Progreso Agrícola” de Plasencia que para solucionar la crisis de trabajo en el campo que sufría la Ciudad, habían conseguido que el Ayuntamiento le concediese para su explotación la dehesa municipal Valcorchero.

En 1919 se celebro en Cáceres un Congreso de las Sociedades Obreras de la provincia, al objeto de constituir la Federación Provincial. En el programa de Acción Sindical, ocupo un lagar preferente el problema del campo, el programa de Acción Agraria aprobado comprendía una serie de puntos que resumían las aspiraciones del proletariado agrario, siendo entre otros los siguientes:

*Fijación de un salario mínimo en metálico y semanal.

*Establecimiento de una jornada máxima.

*Prohibición del trabajo a las mujeres y niños en la siega.

*Igualdad de salarios entre ambos sexos.

*Los arrendamientos no cesaran por cambio de dueño y no serán de menos de 6 años.

*Participación del dueño de la finca en los daños fortuitos sufridos por el arrendatario.

*Declaración de inembargables para los útiles del trabajo agrícola.

*Expropiación de la tierra no cultivada.

*Distribución de los terrenos abandonados a organizaciones obreras agrícolas.

*Abolición de los impuestos indirectos y establecimiento de uno sobre la renta de la tierra.

También en los sectores mas progresistas de la sociedad española (intelectuales, regeneracionista y la izquierda republicana), se va asentado el pensamiento de la necesidad de una reforma agraria, por dos aspectos fundamentales. Por un lado, por un imperativo ético surgido de la desequilibrada e injusta distribución de la propiedad de la tierra, y por otro de un imperativo productivo, surgido del convencimiento de que las grandes explotaciones se cultivaban deficientemente y retrasaban el desarrollo del sector agrario.

Pero ello no es posible hasta la llegada de la II republica, y la inclusión del Partido Socialista en la coalición, ya que era el único partido que tenia un programa especifico de reforma agraria, aprobado en 1919, que además lo había incluido como suyo en los Pactos de San Sebastián.

En 1919 en una conferencia que da en Valencia de Alcántara el medico de Salorino,  Antonio Elviro atribuye a los contratos de arrendamientos  ser los causante de la crisis agraria, y ataca al latifundio, proponiendo la creación de una cedula especial al absentismo. Para solucionar el problema definitivamente pide la expropiación de los grandes latifundios por utilidad publica y por patriotismo.

A pesar de tan poco brillantes perspectivas, la agricultura extremeña conoció durante las  primeras décadas del siglo XX  una expansión de las tierras cultivadas, en la que el yuntero fue el gran protagonista, llegando a tener el propietario una gran estima hacia él, ya que lo consideraba un buen labrador que dominaba las técnicas de producción; y es que los yunteros además se esmeraban en sus labores, con el objetivo de no perder el patronazgo de los propietarios. El cenit de dicha expansión llego con la Gran Guerra, a la España neutral  se le demandaba trigo, cebada, aceite y carnes, y todo a elevados precios, lo que conllevo un alza en el valor de las fincas y de las rentas de estas. En Brozas por ejemplo la finca El Galaperal que en 1900 valía su arrendamiento 17,5 pts la fanega, paso a valer 45 pts en 1920.  A pesar de los precios y de las condiciones de los arrendamientos, la celebre cláusula de “a riego y ventura”, muchos jornaleros pidieron a los usureros dinero para comprar su yunta, ya que convirtiéndose en yunteros veían  una posibilidad de aumentar su nivel de vida.

Sin embargo la crisis de la posguerra fue notable de los años 23 al 28 para toda la población, pero tuvo mayor incidencia en los yunteros, ya que los contratos de arrendamiento siguieron como antes, pues estos se hacían con arreglo a lo que la tierra podía rentar, no a la realidad del precio de los productos. Por otro lado la bajada de los precios de los cereales y la crisis del 29 llevo a los propietarios al objeto de minimizar coste a un repliegue hacia la ganadería, lo que supuso una reducción en la oferta de tierra para los yunteros, ya que alargaron la roturación de las hojas de labor, y acortaron al máximo el tiempo de los contratos, llevándoles a una situación de dependencia total. Muchos de los jornaleros que se habían convertido en yunteros vieron como su ilusión de mejorar su nivel de vida se desmoronaba, sin tierra para labrar y agobiado por la usura, tuvieron que vender la yunta y todos los aperos y convertirse en braceros.

En esos años tuvo lugar un incremento del asociacionismo y sindicalismo agrario, motivado por los altos niveles de conflictividad social. Las huelgas por parte de los campesinos, los escasos salarios, las altas rentas, y la carestía de los bienes de primera necesidad eran muy frecuentes, la intervención de la Guardia Civil e incluso del Ejercito para acallar las revueltas se saldaban frecuentemente con resultados de violencia y sangre. Los motines de subsistencia y las manifestaciones y alborotos populares por las calles de las poblaciones por la escasez y el alto precio de los alimentos, la carestía de los cereales, y la especulación fueron especialmente importante en esa década.

Primo de Rivera durante su Dictadura también intento realizar una pequeña Reforma Agraria, pero más por motivos políticos que sociales, para él las huelgas que se habían producido en España con anterioridad a su llegada al poder, venían motivadas por el clima de inestabilidad que recorría Europa con motivo de la Revolución Rusa de 1917, solo unos días después de tomar el poder declaro: “Mi revolución llega a tiempo para prevenir en España otra revolución de tipo soviético”.

Su idea era crear por medio de pequeñas reformas, pequeños y medianos propietarios agrarios que actuaran de dique contra el socialismo. Pero choco con los intereses de los Grandes Propietarios, que se opusieron a cualquier intento que mejorara las condiciones de vida de los campesinos, a pesar de que estos eran los más perjudicados por la inflación y los impuestos que gravaban los bienes de consumo.

En 1926, el Ministro de Trabajo y Comercio, Eduardo Aunós presento al Consejo de Ministros un proyecto sobre el Régimen de la Propiedad y la Inscripción en un Registro de los Contratos de Arrendamiento, en la exposición de motivos se decía: “La solución fundamental del problema agrario estriba en lograr que el trabajador agrícola no pueda contra su voluntad ser separado del predio en que trabaja, y tal fin puede lograrse facilitando la adquisición de la tierra por sus cultivadores y regulando el régimen de arrendamientos”.

Pero a través de la Asociación de Propietarios Agrarios recurrieron el decreto bajo el argumento, de que lo que se debia de tratar era de crear muchos agricultores, no muchos propietarios, y manifestaban que las amenazas a la propiedad con procedimientos de expropiación, corría el peligro de la fuga de capitales hacia valores públicos o industriales, lo que conllevaría la depreciación de las fincas; pero es más se oponían a cualquier intento de reforma: “Una restricción, por pequeña que sea, en los derechos que hoy tiene el arrendador, puede motivar una alarma en los propietarios, y como consecuencia de ello”.

La resistencia de los propietarios a inscribir los contratos de arrendamiento, motivo un Decreto de Hacienda por el que se imponía un recargo del 20% en la Contribución Territorial, pero lo único que conllevo es que los propietarios hiciesen menos contratos.

Aunque se reformaron los códigos Civil y Penal para mejorar los contratos de arrendamiento, el problema quedo sin resolver en lo fundamental,  la modificación del Civil mantuvo el status del propietario sobre el arrendador, y la del Penal supuso el reforzamiento de la propiedad privada.Por lo que los campesinos quedaron igual que estaban, ahora además con la amenaza de no contratarlos o arrendarles la tierra si pertenecían a un partido o sindicato de izquierda.

El año 1930 fue critico en Extremadura, a la devaluación de la peseta se unió la falta de compradores para el trigo, lo que motivo una reunión de los alcaldes de la provincia en Cáceres a la búsqueda de una solución global al problema. Se propuso que los propietarios cobraran la renta en especie al objeto de evitar la quiebra total de los yunteros y que se negociara la venta del grano excedente extremeño a Portugal. Por otro lado, el paro comenzó a ser muy preocupante y al llegar el invierno reaparecio en los pueblos una conflictividad   política-social, y es que el campo comenzaba a despertar políticamente, como preludio del 14 de abril del 31.

LA II REPUBLICA.

Como en toda España, el advenimiento de la Republica se vivió en Extremadura con emoción y alegría popular, pero también con serenidad y sin ningún tipo de exceso por parte de la población.

En Cáceres el mismo 14 de abril por la tarde-noche era proclamada por el diputado socialista, Antonio Canales “garantizando el orden y la seguridad de todos, y requiero a los ciudadanos que cumplan con todos sus deberes, para que sea fecundo el nuevo régimen que se inaugura”.

Desde el primer momento, en la gran masa social que componía el proletariado agrario, surgieron grandes expectativas y esperanza de cambio, y un extraordinario deseo de una reforma radical que modificara en profundidad la estructura agraria y el sistema de producción existente en Extremadura. Los yunteros esperaban de la Republica, el principio del fin de su angustiosa situación, por ello enseguida pusieron encima de la mesa al nuevo Gobierno la falta de tierras y la cuestión de los arrendamientos: su elevado precio, su duración, su inseguridad, etc..

Aunque el Gobierno Provisional era conocedor de la necesidad de una Reforma Agraria en profundidad, y  nació con el compromiso prioritario de resolver el problema agrario, quiso que la misma fuera debatida profundamente en las Cortes, pues desde el primer momento la burguesía agraria y sus partidos, desataron una campaña contra la reforma, sosteniendo que era un problema ficticio que habían criado los partidos de izquierda para atraerse a las masas campesinas.

Pero como la situación en el campo era tan critica, no había trascurrido un mes de su constitución y empezó a adoptar medidas que lograron mejorar las condiciones laborales, tales como aumentar los salarios fijando uno mínimo diario, establecer la jornada laboral de ocho horas, bajar los precios de los arrendamientos y revisar los contratos de aparcería. Además, para paliar el subarriendo de tierras y su encarecimiento, se obligó a que fueran preferentes los arrendamientos colectivos a través de las sociedades de campesinos. Las primeras disposiciones de la República fueron la promulgación de decretos que modificaron sustancialmente la vida rural.  El Decreto de Términos Municipales de abril de 1931, que obligaba a los propietarios a la contratación de personal del pueblo antes que a los foráneos y que tuvo especial incidencia en Extremadura por la cercana presencia de portugueses; el Decreto de Laboreo Forzoso de mayo de 1931 -con obligación de realizar labores de escardado, desbroce, arado anual, abonado de tierras y tareas que ofrecían jornadas de trabajo para los campesinos-, el Decreto referido a los Accidentes de Trabajo en la Agricultura, y el Decreto-ley de creación y funcionamiento de las Cooperativas, ya que la Republica daba una gran importancia a las mismas.

Todas estas normas tenían una gran carga social auspiciada por Largo Caballero y Fernando de los Ríos, ministros socialistas de Trabajo y Justicia, los jurados mixtos ponían en el mismo nivel a los jornaleros y yunteros que a los grandes propietarios, y el seguro de accidente los igualaba a los obreros de la industria. Normas que aunque supusieron una revolución sin precedente en el agro español, no afectaban para nada al gran problema de la propiedad de la tierra, ni constituían en si una reforma agraria.

Pero si que tuvieron repercusión en la vida de los pueblos, en Brozas el decreto de laboreo forzoso conllevo la puesta en siembra de la finca Gazcos, la revisión de los arriendos supuso rebajar el precio de la finca la Higuera de 448 has. propiedad de Blanca Bonilla de 12.000 a 9.000 ptas, y por el de los arriendos colectivos el Gobierno autorizo a la Sociedad de Trabajadores de la Tierra de Brozas, de pensamiento socialista a poder realizar arrendamiento para sus afiliados.

Por otro lado, en Junio, el Mº de la Gobernación solicitaba a los alcaldes que enviaran a la Comisión Técnica creada para elaborar el Proyecto de Ley de la Reforma Agraria, datos, informes y reclamaciones que tuvieran sobre los bienes comunales, de propio y realengo, con el objetivo de conocer que tierras habían pertenecido  a los vecinos y cantidad que eran susceptible de ser expropiadas.

Aunque hasta el momento las medidas tomadas por el Gobierno no afectaba la propiedad de la tierra, la Asociación de Propietarios de Fincas Rusticas de Extremadura salía en defensa de la dehesa, como modelo de explotación, argumentando la escasa fertilidad y profundidad del suelo en Extremadura, por lo que para ser rentable era necesario el modelo tradicional agroganadero y de grandes extensiones, y aunque manifestaban su deseo de colabora con el Gobierno y  contribuir a que disminuyeran los conflictos entre los arrendatarios y los dueños de las fincas, exigían libertad para el empleo de maquinas agrícolas, el respeto a la propiedad individuar, libertar en el modo de explotar sus tierras, y en la forma de contratar a los trabajadores.

Mientras tanto la Comisión Técnica estudiaba el proyecto de reforma, cuyos puntos esenciales eran: ¿qué tierra se tomaban? ¿a quien se daban? y ¿cómo se daban?. En lo referente a las tierras que se tomaban eran en primer lugar las del Estado, diputaciones y municipios, ya que se consideraba que las entidades publicas eran las primeras que debían colaborar en la reforma, luego se señalaba a los antiguos bienes comunales, que representaban la herida mas grande para los campesinos, por lo que su desamortización supuso para ellos, a continuación la tierra de los latifundios, y se definían los latifundios como fincas deficientemente cultivadas o incultas, y las que sus dueños fueran absentitas, ya que se consideraba que estos poseían la tierra no para su explotación, sino que habían hecho de la tierra objeto de renta. Para el hacer el censo se creo un Inventario de Fincas Expropiables, y se abrió un plazo para que sus titulares pudieran “defenderse” presentando las reclamaciones que creyesen oportunas. Dicho inventario se convirtió posteriormente en el Registro de Fincas Explopiables.

En cuanto a quien se daban, por principios economicistas y de aprovechamiento, la tierra seria dada a los pequeños labradores y a los yunteros, ya que tanto unos como otros conocían perfectamente la técnica del laboreo, y ya tenían los medios y útiles necesarios para ponerlas a producir. Y en lo que se refiere a como se daban, no había consenso en el Gobierno, ya que mientras los centristas querían crear una pequeña burguesía con una pequeña propiedad, los socialistas propugnaban la colectivilización  a través de las sociedades campesinas y  del cooperativismo.

Presentado el proyecto de Ley elaborado por la Comisión técnica al Gobierno, para su posterior debate y aprobación en las Cortes. Los propietarios extremeños por medio de diversas instancias, comenzaron a demostrar su desacuerdo con alguno de los puntos que se recogían; así la Cámara Agraria Provincial de Cáceres, manifestaba que se había realizado urgentemente y con poca información, y decía que era gravemente perjudicial para la producción agrícola y ganadera, ya que las grandes fincas eran las únicas que podían ser rentables en Extremadura, y que el laboreo y siembra de las hojas era posible, si se compatibilizaba con la ganadería. Con estas apreciaciones empezaban su campaña de boicot a la pretendida reforma agraria, la defensa de sus patrimonios, modos de explotación y su posición económica, pues proponían eliminar del proyecto todas las fincas cualquiera que fuera su extensión de encinares, alcornocales y pastos, haciendo solo los asentamiento en aquellas que los dueños voluntariamente quisieran ofrecer y pagándolas al precio del mercado, admitiendo que se dedicaran a los asentamientos las pertenecientes al Estado, diputaciones y municipios, pero no los antiguos bienes de propios y comunes.

Atacado el proyecto de reforma, no solo por los propietarios de las fincas, sino también desde diversos grupos políticos, este fue abandonado, encargándose el Presidente, Alcalá Zamora de la elaboración de un nuevo proyecto que presento a las Cortes el 25 de agosto del 31, proyecto que fue modificado sensiblemente por la comisión parlamentaria, lo que dio lugar, junto con otros motivos a su dimisión irrevocable en el mes de octubre.

Mientras que los diputados discutían lentamente proyecto tras proyecto, los campesinos extremeños se debatían con los problemas derivados del paro forzoso y los bajos salarios. Terminada la recolección y el ciclo agrícola, algunos yunteros fueron expulsados por los dueños bajo el pretexto de dedicar las tierras a pastos, el Gobierno reacciono, obligando a los propietarios a roturar y sembrar las tierras cuando en el termino municipal hubiera obreros en paro. Pese a las adopción de dicha medida, el final del 31 y  comienzo del 32 fue de gran conflictividad en el campo extremeño, la eclosión tan fuerte de los yunteros se debió a que querían que el Gobierno les diera una respuesta a su situación; ya que ellos decían no aspiraban a poseer la tierra, pero si al menos poderla trabajar.

El día primero de enero en el pueblo de Feria hubo un gran disturbio, resultando muerto un campesino y heridos varios Guardias Civiles, y a los pocos días en Plasencia sucedía la mismo al invadir algunas dehesas afiliados a la Federación de Trabajadores de la Tierra y ser desalojados a tiros.

La situación en que vivían los yunteros no lo define Antonio Elviro en un articulo publicado en el periódico ugetista  “Unión y Trabajo” el 23 de enero de 32: El labrador yuntero, paria irredento, llenos de prestamos, sin tierra para labrar y sin semilla para su endeble yunta, esperando la muerte de sus dos unicos sostenes, los animales que tiraban del arado y le ayudaba a sobrevivir, trampeados con debitos a las tiendas de comestibles, que le cierran las puertas de su credito. Esa es su vida”

Pero fueron los sucesos de Castiblanco los más graves de todos, el día 30 de enero una manifestación de más de 300 vecinos recorrió el pueblo apoyando la huelga general del día siguiente, ese día el pueblo amaneció tomado por las fuerza del orden, no se sabe como comenzó todo, pero el resultado fue dos campesinos muertos y varios heridos, y cuatro números de la guardia civil brutalmente linchados hasta su fallecimiento.

El suceso recorrió y conmociono a toda España, para el diputado radical por Badajoz, Diego Hidalgo se trato de unos “hechos bárbaros, sangrientos y asesinato”, ocasionados por el cerrilismo de las organizaciones obreras, el Mº de la Gobernación, Casares Quiroga lo atribuyo a “una vaharada de instinto primitivo.....a un impulso popular”.

El diputado, Hidalgo hablo de cerrilismo de las organizaciones obreras, pero no menos cerriles era la actitud de los grandes propietarios, ya que desde el primer momento se opusieron frontalmente a las medidas que tomaba el Gobierno manifestada en: su negativa en dar trabajo a los jornaleros y a la subida de los jornales, su rechazo a efectuar la siembra y el barbecho, la expulsión de un gran número de yunteros de sus tierras, la bajada de los arrendamiento, etc.

En marzo el Mº de Agricultura, Marcelino Domingo presento un nuevo proyecto de Reforma Agraria mas moderado que los anteriores, , pero el levantamiento militar fracasado del general Sanjurjo el 10 de agosto produjo un cambio en el ritmo de elaboración y contenido de la Ley, pues los partidos republicano y el socialista se radicalizaron, al comprobar por el golpe como la oligarquía agraria no admitía reforma alguna en el campo español, aunque esta fuera moderada. Por fin el 9 de septiembre del 32 veía la luz la Ley de Base de la Reforma Agraria, que para el caso de los señoríos alcanzaba a todo el territorio nacional, y se empezaría a aplicarse en Andalucía, Extremadura, Toledo, Albacete y Salamanca, creándose el Instituto para la Reforma Agraria (IRA) que seria el órgano ejecutor y al que se le dotaba inicialmente con 50 millones de pts. En cuanto a las tierras afectadas eran principalmente: la de la grandeza y los señoríos, las del Estado y corporaciones publicas, las compradas para especular, las mal cultivadas, las sistemáticamente arrendadas, no pudiendo tener nadie en un solo municipio mas de 350 has.  de barbecho, y 400 en tierra de pasto y labor.

La tierras de la grandeza y señorío eran expropiadas sin indemnización, pagándoles solo las mejoras que hubieran introducido en ellas, y el resto se le indemnizaban una parte en metálico, y el resto en deuda publica. En cuanto a los asentamientos, serian para: los obreros y yunteros sin tierra, sociedades de campesinos y cooperativas, pequeños agricultores y arrendatarios con menos de 10 has.

En lo que se refiere a la cantidad de fincas y superficie afectada en Extremadura, según el Registro fueron algo más de 5.000  propietarios, de los cuales la mitad eran terratenientes, 30.500 fincas de las que 2.287 eran grandes fincas, y otras 2.104 tenían más de 250 has. En la provincia de Badajoz afectaba en un principio a 789.868 has, el 36,7% de toda la tierra útil provincial.

Aprobada al Ley, ahora solo quedaba ver si la misma era aplicada con energía por el Gobierno, ya que su puesta en marcha  era lo único que podía calmar, en alguna medida los ánimos del campesinado extremeño.

Durante el otoño, la crisis en el proletariado campesino se fue agudizando, los jornaleros pasada la recolección no encontraban trabajo, y las tiendas de comestibles al carecer de capital no les podían fiar, por otro lado los yunteros y pequeños labradores no podían sembrar al carecer de simientes y otros porque a partir de septiembre habían sido expulsado de las dehesas que venían cultivando, por unos propietarios que para boicotear la reforma dejaban las hojas de labor para pastos. En estas circunstancias, unidos los yunteros y jornaleros, iban a dar al movimiento campesino una fuerza y un carácter revolucionario que no había tenido hasta entonces, con invasiones masivas de fincas y su posterior roturación.

Esa radicalización de los campesinos fue asumida por la Federación Provincial de la UGT de Cáceres, que en aquel momento contaba con 48.000 afiliados a la FTT., aunque algunos de sus miembros seguían confiando en la reforma para acabar con el problema del hambre, comenzaron a surgir voces que: desconfiaban en la capacidad de la “Republica Burguesa” para realizar el ideal de justicia social propugnado por los socialistas. La más autorizada de ella, era la de Felipe Granado, presidente de la Federación Provincial Obrera. Para el dirigente socialista el grito de los “esclavizados labriegos de la gleba” pidiendo tierras, no tiene contestación adecuada en la pretendida reforma agraria de los casi burgueses constituyentes. De continuar las dilaciones en aplicación de la reforma, era de esperar que los campesinos perdiera la fe en el procedimiento republicano, harán de un solo golpe lo que, por sucesivas etapas paulatinas, hubieran hecho esos que no supieron plasmar el movimiento revolucionario que vive el campo español”. Revista “Unión y Trabajo” de 31 de diciembre del 32.

Ante la primera oleada de ocupaciones de tierra en septiembre del 32, cuando los propietarios se negaron a renovar los contratos a los yunteros, el Gobierno reacciono con el decreto de Intensificación de Cultivos, que aunque reconocía  a los propietarios el derecho a decidir el destino que daba a sus fincas, incluida la ganadería, deberían posibilitar a los yunteros tierra hasta la cosecha del 34, momento en que deberían abandonarlas y pagar la renta correspondiente, pero ello no evito que el movimiento resurgiese en enero/33, lo que obligo al Gobierno a reconocer el hecho de las ocupaciones revistiéndola con fuerza jurídica.

En Brozas el recién nombrado alcalde socialista, Manuel Sánchez-Badajoz, llevo al pleno de noviembre el tema de la Intensificación de Cultivos informando a los concejales que había solicitado al Gobierno que el municipio  figurase en el Plan que a dicho efecto iba a confeccionar el IRA, expresando también que su principal preocupación era que los campesinos tuvieran tierras para la siembra, manifestando que había hecho una serie de propuesta al Gobernador y a los propietarios brocenses para que 200 obreros pudieran acceder a un sistema mixto con los labradores actuales, las gestiones del Alcalde, dieron su fruto, ya que consiguió de los propietarios la cesión voluntaria de tierra suficiente para asentar a 100 yunteros. Un mes después, en una interpretación de  la base 22 de la Ley de Reforma Agraria, planteo la posibilidad de rescatar los bienes comunales, a tal fin el Pleno le faculto para que se desplazara a Madrid y realizara las gestiones pertinentes en el IRA. A su vuelta el mensaje que trajo fue de prudencia, el IRA estaba preparando un decreto en virtud del cual seria dicho organismo quien incautase cualquier bien comunal.

La lentitud con la que se iba acometiendo la reforma estaba siendo fuente de grandes problemas para la Republica. A la propia complejidad de la Ley, se unía la lentitud burocrática en su aplicación, los altos coste de la expropiaciones, los bajos presupuestos, la resistencia de los propietarios y los conflictos sociales. A comienzo del 33, un gran número de dehesas fueron invadidas y roturadas por los yunteros, en su opinión se trataba de roturar las fincas sin destruir los pastos para la ganadería, según lo estipulado en el decreto de “Laboreo Forzoso”. Ante las ocupaciones de fincas, Felipe Granado el 24/1/33 justificaba el hecho, no como una violación de la legalidad republicana, si no como una forma de simplificar las dilaciones burocráticas, diciendo que gracias a las roturaciones de tierra (cuya fecha debería ser conmemorada en un movimiento) habrá pan en España.

Tal fue el número de fincas invadidas y roturadas que el Gobierno, aunque había comenzado ya la selección para los asentamientos, se vio obligado a reconocer muchas de estas ocupaciones, considerándolas efectuadas al amparo del decreto de intensificación de cultivos.

Para hacer efectiva  en Extremadura la reforma, se creo un nuevo cargo inexistente hasta el momento, Gobernador General de Extremadura al que se  le autorizaba realizar asentamientos por iniciativa propia, de acuerdo con las necesidades y medios existentes. Para dicho cargo fue designado el ingeniero agrónomo, Luis Peña Novo, gran conocedor de la situación del campo extremeño, ya que en el 32 fue el encargado de realizar el informe para el Gobierno sobre la situación en Extremadura, el cual terminaba con una frase que lo decía todo. “El estado revolucionario del campo extremeño no admite las esperas del rigorismo legal”. Su decida actuación produjo casi la paralización de las roturaciones, pero a cambio ordeno ocupar más fincas que las inicialmente previstas. Tres meses después de su nombramiento se habían ocupado 744 fincas que suponían 63.284 has, en las cuales fueron asentados 20.944 yunteros, y había otorgados créditos por 2.577.262 ptas.

Por su parte el alcalde, Manuel Sánchez-Badajoz seguía trabajando para intentar solucionar el problema de la tierra en Brozas, en el pleno celebrado el 12/3/33 se debatió su propuesta  de solicitar un préstamo de 250.000 ptas, como fondo de carácter social, para comprar una finca rustica con la que aumentar el Patrimonio Municipal y asentar campesinos en ella. Se trataba de una parte de los Jumadieles, proponiendo que una comisión visitara al dueño de la misma, Julián Colmenero, ya que al parecer estaba dispuesto a vender la parte comprendida entre el rió y el pueblo. También manifestó que pensaba pedir a las sociedades de propietarios y obrera local un informe sobre otras dehesas, por si fuera posible adquirir alguna otra. Al considerar la mayoría de los concejales que en la compra debía intervenir el Estado (algún concejal manifestó que lo mas rápido era la compra por parte del Ayto.), se acordó que el alcalde acompañado por un concejal se desplazaran a Madrid para realizar las gestiones. Pero al regresar de la capital, las noticias no eran muy buenas, el Estado no daba dinero para comprar fincas, ni tampoco el banco de Crédito local, por lo que el dinero habría que pedirlo al Instituto Nacional de Previsión o enajenar bienes municipales.

Llegado el mes de octubre, el número de fincas ocupadas por orden del Gobernador eran 1.412 con una extensión de 109.300 has. Donde habían sido asentados 35.000 yunteros. Otra de su a actuaciones fue que el Gobierno confirmara las rentas que  pagaban los yunteros asentados, que en Brozas afectaba a 11 fincas y 162 yunteros.

 

EL BIENIO CONSERVADOR.

En las elecciones celebradas el 19 de noviembre del 33,  en Extremadura triunfaron los radicales de centro derecha con 8 diputados, seguido de la CEDA con 7, y a distancia se situaban los socialista con 5. Aunque el triunfo de los Radicales y la CEDA en un principio no supuso ninguna parálisis en  el desarrollo de la Reforma, si no todo lo contrario, ya que se aprobaron algunas normas que afectaban muy directamente a los yunteros extremeños, como fue que el IRA expropiara y ocupara las tierras incluidas en el registro o las cedidas por los Propietarios. Pasados unos meses, y ante la presión de los propietarios exigiendo a los tribunales la devolución de las tierras ocupadas y la anulación de las asentamiento realizados por el Gobernador General, el Gobierno estableció que los yunteros estarían obligados a abandonar irrevocablemente en el próximo otoño las tierras que venían cultivando al amparo del decreto de intensificación de cultivos.

El problema de la falta de tierras  en poder de los yunteros fue patente, provocando en las organizaciones obrera un aumento del radicalismo, y la adopción de posiciones política-ideológica de cariz semirevolucionario. En el mes de febrero del 34, se produjeron en toda Extremadura invasiones masivas de fincas, con la participación de un gran número de yunteros, sirva de ejemplo que en Brozas participaron 785, en Arroyo 577, en Zarza 525, o en Navas 402.

Los propietarios a través de sus asociaciones mostraron su protesta y pidieron al Gobierno el restablecimiento del orden y el principio de autoridad. Al considerar el Gobierno que existían tierras para dar a los yunteros, autorizo al IRA la realización de arrendamiento de las tierras ofrecidas por los propietarios y el aumento del ritmo de las expropiaciones a la grandeza. A cambio para contentar a los propietarios en el mes de mayo el Gobierno anulo el decreto de términos municipales, con lo cual  volvían a tener libertad para contratar jornaleros de otros pueblos e incluso los portugueses, lo que conllevaba una bajada de los jornales.

En Brozas fueron cedidas por los propietarios algunas fincas, entre ellas Manantio, propiedad de Saturnino Sánchez y  una parte de 262 has del Vaqueril, cuya propietaria era  A. Rodríguez Arias, esta parte había sido ocupada y roturada por los yunteros en febrero sin su consentimiento, ya que estaba afectada por orden del Gobernador, como intensificación de cultivos. En esa parte fueron asentados 56 yunteros, a los cuales se le subvenciono con  400 ptas a cada uno, que representaban la mitad de los gastos que suponía el laboreo y siembre que debían de realizar, siendo este uno de los pocos caso  a nivel nacional donde se subvenciono el asentamiento.

Por su parte el Ayuntamiento volvió a plantear en el Pleno del 11/2/34  el tema de los Jumadieles, acordándose por unanimidad concertar un préstamo de 300.000 pts con el Banco de Crédito Local, amortizable a 25 años.  Al final no fue la finca los Jumadiles la que el Ayuntamiento. compro, si no que fue la dehesa Fuente Madero, propiedad de Fernando de Torres Adalid, que con una cabida de 450 has. fue repartida entre 34 pequeños labradores y yunteros.

En cuanto se refiere a la grandeza, en Extremadura el Gobierno conservador expropio 32.340 has, el 31% de los bienes  que poseían en la Región, donde fueron asentados 2.535 labradores y yunteros, y en cuanto a asentamientos temporales fueron ocupadas 22 fincas con una extensión de 9.433 has, donde fueron asentados 1.074 yunteros. El número de yunteros asentados fue tan pequeño, que estos siguieron ocupando fincas, en el mes de mayo el Comandante del Puesto de la Guardia Civil de Brozas, denuncio ante el Gobernador a 140 yunteros por la ocupación de fincas y roturaciones arbitrarias.

Por otro lado las condiciones de los jornaleros siguieron empeorando, debido a la negativa de los propietarios a pagar los salarios que se habían alcanzado en la etapa anterior para la próxima siega, ello impulso a la FNTT a convocar en el campo una Huelga General, en demanda del mantenimiento de los salarios y la prohibición del uso de cosechadoras. El Gobierno la califico de “Movimiento Revolucionario” y “Motín Sedicioso”, la huelga fracaso lo que supuso un descrédito para la FNTT y un mayor poder  de la oligarquía rural, una gran cantidad de yunteros fueron expulsados de la tierra que venían labrando al termino de la cosecha, aunque encontraron un gran aliado en el Mº de Agricultura, el democristiano Jiménez Fernández partidario de modificar el sistema de la propiedad, crear pequeñas explotaciones agrícolas y apoyar el asentamiento de los yunteros, incluso las realizadas por Peña Novo. Pero la defensa de esas medidas, le supuso la enajenación de su partido, la CEDA y de los agrarios, siendo cesado como Ministro. A partir de su sustitución, comenzó una parálisis  en la Reforma, promulgándose poco mas tarde la Ley de Reforma de la Reforma Agraria, que dejaba sin efecto todas las disposiciones de la Ley de Base. Envalentonados los propietarios, decidieron expulsar de sus tierras a los pocos  yunteros que aun la trabajaban, así como reducir los salarios y volver a traer mano de obra portuguesa que era más barata. A partir de ese momento, la frustración seria el sentimiento más arraigado en el campesino extremeño.

Parada la reforma por parte del Gobierno, el Pleno del Ayuntamiento de Brozas celebrado el 17/10/35, siendo consciente de la situación por la que pasaban los campesinos broceños, acordó solicitar a los propietarios, que cara al próximo barbecho arrendaran al Ayuntamiento. algunas dehesas, para luego subarrendársela a los labradores, con un sistema análogo al que había utilizado el IRA.

Aunque 1935 resultara el año mas tranquilo en el campo extremeño desde el comienzo de la II Republica, los graves problemas económicos que asediaban a País, unido al escándalo de estraperlo, y a las diversas crisis ministeriales, conllevo la disolución de las cortes y la convocatoria de  elecciones para febrero del 36.

EL TRIUNFO DEL FRENTE POPULAR.

En Extremadura, el triunfo de la izquierda en las elecciones de febrero del 36 fue rotundo. El Frente Popular obtuvo 18 diputados, mientras que la derecha obtenía solo 5.  El éxito de la izquierda supuso una amplia presencia de socialistas en el nuevo Gobierno, y un posicionamiento más radical sobre la necesidad de efectuar la Reforma Agraria.

A partir del mes de marzo, con el animo de los campesinos rayando la desesperación, como consecuencia de la crisis que habían padecido todo el invierno, y pese que el Mº de Agricultura publico un decreto concediendo a los yunteros sin bienes de Extremadura  recuperar el uso y el disfrute de las tierras que hubieran labrado, y de que el propio Ministro viajo a Extremadura y aseguro que en unas semanas serian asentados 40.000 yunteros. La Federación de Trabajadores de la Tierra alta de tantas promesas, convoco a sus afiliados a ocupar las fincas. El 25 de marzo, unos 80.000 campesinos extremeños invadían al grito de “Viva la Republica”, con sus yuntas y aperos de labranza un gran número de fincas para señalarlas y luego rotúlalas, la llegada de la Guardia Civil y en algunos sitios del Ejercito les hicieron retroceder, pero una vez se habían marchado volvieron a ocuparlas. En Brozas fueron invadidas entre otras: El Vaqueril, la Tapia, la Higuera y Gazcos, siendo luego declaradas todas estas fincas de utilidad social para el asentamiento de yunteros.

Entre marzo y julio fueron asentados en Extremadura 81.297 campesinos en una extensión de 238.797 has., siendo la Región con mas diferencia sobre el resto, la mas beneficiada por el reparto de tierras y los asentamientos.

Quince años después de terminada la Guerra Civil, solo unas 8.000 has. seguían en mano de los labradores que fueron asentados, y la mayoría como sucedió en Brozas con la finca Fuente Madero, porque a su antiguo propietario no le intereso recuperarla, mientras tanto más del  74% de los aparceros y yunteros extremeños no tenían  tierra o la suficiente para mantener a su familia. La emigración era su única salida, el Generalísimo hizo su reforma agraria particular optando por la mano de obra extremeña para desarrollar las zonas industriales del País Vasco, Cataluña y Madrid.

Dice el escritor  extremeño Víctor Chamorro, que la identidad extremeña nació con la ocupación de las fincas por los yunteros en el 36, de repente se produjo una cosa extrañísima, el discurso extremeño sosegado, con paciencia, y manso que había impartido la iglesia, se transformo  y el pueblo extremeño protagonizo una epopeya: el pueblo unido va a dar por primera vez identidad a Extremadura. Toda la prensa de la época y los tratadistas de las revoluciones del campo dieron cuenta del hecho, que no fue otro que ocupar las tierras que la Republica les había prometido, y no le había dado, aquel acontecimiento fue el origen de la identidad extremeña, hasta ese momento el pueblo extremeño no había actuado solidariamente y unido.

ANTONIO ELVIRO ARROYO

Brozas, julio de 2009

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